Activistas por el agua y opositores al Cablebús enfrentan persecución penal y agresiones de grupos de choque, mientras el gobierno acusa de ‘bots’ a cualquier crítica ciudadana.
La criminalización de la protesta social en Puebla se ha intensificado durante 2026, con activistas que enfrentan procesos penales, agresiones de grupos de choque en inmediaciones de recintos judiciales y señalamientos gubernamentales que buscan deslegitimar cualquier voz crítica. El pasado 22 de julio, Renato Romero Camacho y Pascual Bermúdez Chantes acudieron a una audiencia ante el Poder Judicial de la Federación por las protestas en defensa del agua en San Miguel Xoxtla de 2024, donde fueron recibidos por un operativo de intimidación similar al ocurrido una semana antes contra opositores al proyecto del Cablebús.
Grupos de choque operan con impunidad en audiencias judiciales
El patrón de agresiones contra manifestantes y periodistas se ha repetido en distintos escenarios. El 15 de julio, durante la comparecencia de José Luis García Parra —sobrino del exgobernador Mario Marín— por el controvertido proyecto del Cablebús, un grupo de choque irrumpió a las afueras del Congreso del Estado. Los agresores, descritos como sujetos corpulentos, algunos con el rostro cubierto, arrebataron lonas a los manifestantes y agredieron físicamente a comunicadores como Svezda Ninel Castillo y Sergio Vázquez del medio Contramáscaras.
Lo más grave de estos episodios de criminalización de la protesta social en Puebla es la pasividad de las autoridades: los policías y granaderos presentes no intervinieron para detener las agresiones. Posteriormente, medios afines al Gobierno de Puebla publicaron versiones que invertían los hechos, presentando a los activistas como responsables de los disturbios y a los agresores como víctimas. Videos difundidos por medios independientes muestran exactamente lo contrario: los grupos de choque provocando y atacando a los manifestantes.
TAMBIÉN LEE. Bloquean México-Puebla para exigir liberar a edil de Texmelucan
La criminalización como política de Estado
El caso de Renato Romero no es aislado. Darinel Keller, defensor ambiental que ha denunciado el ecocidio del basurero de Chiltepeque en el pueblo de Santo Tomás Chautla, fue señalado públicamente como agitador por el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala. El funcionario lo acusó de actuar de forma clandestina y lo vinculó con el Partido Acción Nacional (PAN) como estrategia de descrédito político.
Esta táctica de criminalización de la protesta social en Puebla sigue un patrón reconocible: en lugar de atender las demandas de las comunidades, el gobierno convierte problemas sociales y de derechos humanos en asuntos de orden público o de filiación partidista. Los activistas son presentados como operadores con agendas políticas ocultas o agitadores que buscan dañar la imagen de la llamada Cuarta Transformación.
Volvemos al autoritarismo, a la represión, al acarreo.
Colectivos participantes en la protesta contra el Cablebús
Abogados expertos en derechos humanos y organizaciones civiles han advertido en foros públicos que la sociedad poblana enfrenta un creciente proceso de criminalización de la protesta. El aparato judicial se utiliza para perseguir derechos constitucionales, trasladando los conflictos políticos y ambientales al terreno penal. Esta estrategia desvía la atención de las causas de fondo: la corrupción, el despojo territorial, la privatización del agua y el deterioro ambiental.
TAMBIÉN LEE. Queman tres patrullas en Huaquechula, Puebla, para exigir seguridad
La ‘guerra de bots’: narrativa para deslegitimar la crítica
Paralelamente a la represión judicial, el Gobierno de Puebla ha construido un relato sobre una supuesta guerra de bots en su contra. Las autoridades estatales han acusado en distintos momentos la existencia de granjas de bots operando desde el extranjero —supuestamente desde Argentina, Costa Rica y países asiáticos—, presuntamente financiadas por una televisora, para desprestigiar proyectos como el Cablebús.
Este relato se ha convertido en una coartada funcional para la administración estatal: cada vez que cualquier ciudadano critica a través de redes digitales la opacidad gubernamental, estas críticas se atribuyen automáticamente a cuentas falsas o intereses oscuros, nunca a un malestar genuino de la población. La estrategia cumple una doble función: deslegitimar cualquier cuestionamiento al calificarlo de artificial o pagado, y preparar el terreno para justificar medidas de control sobre la conversación digital y el debate público.
Ley de ‘ciberasedio’: censura declarada inconstitucional por la SCJN
En este contexto de criminalización de la protesta social en Puebla cobra sentido la reforma al artículo 480 del Código Penal de Puebla, conocida como ley de ciberasedio, que entró en vigor en junio de 2025. Aunque fue presentada oficialmente como una herramienta contra el robo de identidad, el acoso a menores y los delitos cibernéticos, la legislación generó intenso debate por la ambigüedad de sus definiciones y el riesgo de que fuera utilizada para perseguir a periodistas, activistas y críticos del gobierno bajo el pretexto del asedio digital.
En abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional esta ley, al considerar que abría la puerta a una aplicación arbitraria y podía inhibir la libertad de expresión. Sin embargo, que la norma haya sido invalidada por el máximo tribunal no vuelve irrelevante la intención detrás de ella: lo que queda expuesto es el impulso de control de un gobierno que no tolera la crítica ciudadana.
Un clima de represión que preocupa a defensores de derechos humanos
La suma de elementos —persecución penal contra defensores del agua, grupos de choque operando con impunidad, señalamientos públicos contra activistas, narrativas de bots para descalificar críticas y legislación restrictiva— configura un panorama preocupante para las libertades civiles en Puebla. Organizaciones de derechos humanos han documentado un deterioro progresivo del espacio cívico, donde ejercer el derecho constitucional a la protesta se ha vuelto un riesgo para quienes lo hacen.
Los casos de San Miguel Xoxtla, las protestas contra el Cablebús y las denuncias sobre el basurero de Chiltepeque comparten un elemento común: comunidades que exigen ser escuchadas frente a decisiones que afectan su territorio, su agua y su medio ambiente. En lugar de diálogo, la respuesta gubernamental ha sido la judicialización del conflicto social y la estigmatización de quienes alzan la voz.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la criminalización de la protesta social?
Es el uso del sistema penal y judicial para perseguir, intimidar o castigar a personas que ejercen su derecho constitucional a manifestarse. En lugar de atender las demandas ciudadanas, las autoridades convierten a los manifestantes en sospechosos o delincuentes.
¿Qué pasó con la ley de ciberasedio en Puebla?
La reforma al artículo 480 del Código Penal de Puebla, conocida como ley de ciberasedio, fue declarada inconstitucional por la SCJN en abril de 2026. El máximo tribunal determinó que podía inhibir la libertad de expresión y permitir aplicaciones arbitrarias.
¿Quiénes son los activistas perseguidos en Puebla?
Entre los casos más conocidos están Renato Romero Camacho y Pascual Bermúdez Chantes, perseguidos por protestas en defensa del agua en San Miguel Xoxtla, y Darinel Keller, defensor ambiental que denuncia el ecocidio del basurero de Chiltepeque.
¿Qué son los grupos de choque y cómo operan?
Son grupos de personas que agreden a manifestantes con el objetivo de intimidarlos o provocar enfrentamientos. En Puebla han operado en inmediaciones de recintos judiciales y del Congreso, sin que las autoridades policiales intervengan para detenerlos.
📘 Siguenos en Facebook e Instagram para mantenerte informado con las noticias mas relevantes de Puebla.
