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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla manifestó su respaldo al proyecto de presupuesto federal que asigna 143,974.7 millones de pesos para la entidad en 2027. Sin embargo, el organismo advirtió que mantener la política de no aumentar impuestos resulta insuficiente si no se acompaña de una estrategia agresiva para incorporar a más empresas a la formalidad tributaria, lo que impactaría directamente en la capacidad de financiamiento de proyectos estatales.
Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente del CCE Puebla, señaló que 2026 ha sido un año de vaivenes económicos a nivel nacional. Aunque el presupuesto federal aumenta cada ejercicio, la aplicación de los recursos presenta retrasos significativos que frenan el dinamismo económico local.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Presupuesto federal Puebla 2027 | 143,974.7 millones de pesos |
| Postura sobre impuestos | Sin incrementos |
| Problema identificado | Alta informalidad empresarial |
| Instrumento fiscal clave | Impuesto Sobre Nómina (ISN) |
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Empresarios piden más contribuyentes, no más impuestos
El líder empresarial celebró que la política fiscal federal mantenga sin cambios las tasas impositivas, pero enfatizó que este enfoque debe complementarse con acciones concretas. Según Cisneros Madrid, tanto el Gobierno de Puebla como la administración federal deben implementar una estrategia de mejora regulatoria que facilite la integración de negocios informales al sistema tributario.
Bajando la informalidad con la incorporación de más empresas a la base tributaria habrá un avance en la economía poblana durante el 2027.
El dirigente identificó a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el crecimiento. Este fenómeno, calificado como el gran lastre de la sociedad, desincentiva la formalización de empresas y erosiona la confianza en las instituciones públicas.
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Obra pública con retrasos: el reclamo del sector constructor
Uno de los puntos críticos que señaló el CCE es la aplicación desfasada de recursos en proyectos de infraestructura. Durante 2026, empresas constructoras poblanas manifestaron inconformidad por los atrasos en la liberación de fondos destinados a obra pública, situación que ha generado afectaciones directas al sector.
Cisneros Madrid confió en que 2027 traiga mayor dinamismo mediante dos vías: la ejecución oportuna de obra pública y el arribo de inversión extranjera directa. Ambos factores, señaló, son determinantes para reactivar la economía local y generar empleos de calidad.
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ISN como palanca de inversión extranjera
El presidente del CCE destacó los incentivos fiscales vigentes en Puebla, particularmente los relacionados con el Impuesto Sobre Nómina (ISN). Según el empresario, la recaudación de este gravamen ha permitido financiar diversas acciones de gobierno sin necesidad de incrementar la carga tributaria a los contribuyentes formales.
La propuesta del organismo es clara: utilizar esta política fiscal como herramienta para atraer nuevas inversiones en el corto y mediano plazo. El objetivo central es la generación de empleos que fortalezcan el mercado laboral poblano.
Alianza gobierno-empresarios para competitividad
Cisneros Madrid hizo un llamado a la corresponsabilidad del sector privado. Los empresarios, afirmó, también deben abonar al desarrollo económico incorporándose a la formalidad. Solo así, indicó, Puebla podrá ser más competitiva y productiva frente a otras entidades del país.
El dirigente empresarial enfatizó que el Gobierno de Puebla y la iniciativa privada deben trabajar de la mano en proyectos conjuntos que beneficien la economía local. Esta colaboración, sostuvo, resulta indispensable para capitalizar el presupuesto asignado.
El presupuesto federal para Puebla en 2027 asciende a 143,974.7 millones de pesos. El CCE condiciona el éxito de estos recursos a la reducción de la informalidad y la corrupción.
El CCE Puebla adelantó que durante los próximos meses presentará propuestas específicas de mejora regulatoria ante las autoridades estatales, con el objetivo de que los lineamientos para el ejercicio fiscal 2027 incorporen mecanismos que faciliten la formalización de empresas y optimicen la aplicación de recursos públicos desde el primer trimestre del año.
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