La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no están descartadas nuevas responsabilidades en el caso Ayotzinapa. Un día antes, la FGR informó que identificó a 17 nuevos objetivos tras reanalizar más de 80 mil registros telefónicos.
La investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa continúa abierta y podría alcanzar a más personas que participaron en los hechos o en las acciones posteriores.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que “nada está descartado” al ser cuestionada sobre la posibilidad de que las investigaciones alcancen a antiguos funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
La mandataria subrayó, sin embargo, que cualquier acusación debe sustentarse en pruebas. Sus declaraciones ocurrieron un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación presentaran cuatro nuevas líneas de investigación sobre el caso.
El nuevo análisis permitió identificar 17 personas que ahora son consideradas objetivos de investigación, a partir del cruce de documentos y más de 80 mil registros telefónicos.
¿Qué anunció la FGR sobre los 17 nuevos objetivos?
La Fiscalía explicó que las nuevas líneas surgieron después de revisar nuevamente información acumulada durante los 12 años transcurridos desde la desaparición de los estudiantes.
El análisis permitió encontrar patrones de comunicación que no habían sido advertidos o investigados a profundidad anteriormente.
Las conexiones involucran a integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.
La investigación busca determinar qué papel tuvo cada una de estas personas y si sus actividades pueden ayudar a reconstruir lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
¿Quiénes son los 17 nuevos objetivos de Ayotzinapa?
La información difundida hasta ahora mantiene reservados los apellidos completos de varios de los investigados.
Entre los nombres que han sido dados a conocer aparecen:
- Óscar “N”, relacionado con Los Bélicos.
- Ramiro “N”, alias “Chango”.
- Eduardo “N”, alias “Chuky”.
- Moisés “N”, alias “Bandam”.
- Gabriel “N”, alias “La Gaby”.
- David “N”, alias “El Chino”.
- Juan Carlos “N”.
- Isaac “N”.
Los últimos siete están relacionados, de acuerdo con las investigaciones difundidas, con Guerreros Unidos.
El resto de los nuevos objetivos está vinculado con otras líneas que incluyen a servidores públicos, particulares y personas relacionadas con las funerarias investigadas en Iguala.
La FGR tendrá que establecer qué relación tuvo cada uno con los hechos y si existen elementos suficientes para ejercer acciones penales.
¿Cómo fueron identificados?
La nueva investigación no parte de información completamente nueva. Durante años, las autoridades acumularon registros de llamadas, documentos, testimonios y otros elementos relacionados con Ayotzinapa.
Lo que cambió fue la forma de cruzar parte de esa información. La FGR volvió a analizar los registros telefónicos para identificar relaciones entre números, personas y movimientos que pudieran haber pasado inadvertidos en investigaciones anteriores.
El resultado fue una red de comunicaciones que conecta a distintos actores relacionados con el caso. Esta revisión tampoco se limitó a la noche de la desaparición. Los investigadores siguieron el uso que tuvieron algunos teléfonos de los estudiantes después de los hechos. Esa información abrió otras líneas para investigar qué ocurrió posteriormente.
¿Qué revelaron los teléfonos de los estudiantes?
Una de las líneas se concentra en tres teléfonos que pertenecían a estudiantes y que fueron utilizados después de su desaparición. Uno de ellos terminó en manos de Mauro “N”, un exservidor público de Iguala.
De acuerdo con la investigación, utilizó entre el 23 y el 25 de octubre de 2014 el teléfono que pertenecía a Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 estudiantes. El seguimiento de ese aparato derivó en una orden de aprehensión contra Mauro “N” por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Otro de los teléfonos fue utilizado posteriormente por un policía municipal de Iguala que estuvo activo durante la noche de los hechos.
El tercero llevó a los investigadores hacia personas relacionadas con un exservidor público de la barandilla municipal de Iguala, donde eran llevadas personas detenidas. Por ello, una de las nuevas líneas busca determinar si algunos estudiantes fueron trasladados a ese lugar después de su detención.
Para reconstruir esa posible ruta, la Fiscalía contrasta los registros telefónicos con declaraciones de policías, integrantes de Guerreros Unidos y funcionarios relacionados con la barandilla.
¿Por qué aparecen dos funerarias en la investigación?
Otra de las líneas surgidas del análisis apunta hacia las funerarias El Ángel y Funerales Económicos Rueda, en Iguala. Uno de los nombres relacionados con esta investigación es Rodolfo “N”, propietario de ambos establecimientos.
La Fiscalía detectó comunicaciones entre personas vinculadas con las funerarias e integrantes de Guerreros Unidos. Además, uno de los teléfonos utilizados posteriormente por personas relacionadas con una de las funerarias había pertenecido a Julio César Mondragón, uno de los estudiantes asesinados durante los hechos.
Los cateos realizados en esos establecimientos aportaron otros indicios. Las autoridades encontraron restos óseos, documentos y un horno crematorio que la Fiscalía señaló como no registrado.
También localizaron certificados de defunción y documentos de traslado e inhumación con firmas y sellos oficiales, pero sin información suficiente para identificar a las personas correspondientes.
En el Semefo de Iguala se localizaron además cientos de fragmentos óseos, restos biológicos, prótesis dentales y otros indicios. Estos materiales continúan bajo análisis.
La investigación busca establecer si las funerarias pudieron ser utilizadas para ocultar o destruir evidencia. Hasta ahora, no existe una identificación oficial que permita afirmar que esos restos pertenecen a alguno de los 43 estudiantes.
¿Qué tienen que ver las videograbaciones del Palacio de Justicia?
Las nuevas líneas de investigación no se concentran únicamente en encontrar responsables de la desaparición. También buscan determinar qué ocurrió con información y evidencia que podría ayudar a reconstruir aquella noche.
Uno de los casos corresponde a las videograbaciones del Palacio de Justicia de Guerrero. Las cámaras instaladas en el exterior del inmueble registraron movimientos relacionados con los estudiantes durante la noche del ataque.
La FGR sostiene que esas grabaciones existían y posteriormente fueron sustraídas. La investigación sobre su desaparición alcanzó a funcionarios del Poder Judicial de Guerrero y derivó en acciones contra servidores públicos de alto nivel.
La línea busca establecer quién tuvo acceso a las imágenes, qué ocurrió con ellas y si su desaparición afectó la investigación de los hechos.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre los antiguos funcionarios?
La declaración de Claudia Sheinbaum adquiere relevancia porque las nuevas investigaciones también pueden alcanzar actuaciones realizadas después de la desaparición.
La presidenta puso como ejemplo al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien enfrenta un proceso relacionado con su actuación en la investigación inicial y la construcción de la llamada “verdad histórica”.
Sheinbaum señaló que Murillo Karam fue detenido porque, según su interpretación de las investigaciones, se generaron artificialmente condiciones para llegar a un resultado determinado.
La mandataria aclaró que su proceso no deriva de una participación directa en la desaparición de los estudiantes, sino de las actuaciones realizadas durante la investigación posterior.
La llamada “verdad histórica” fue la versión presentada durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto sobre lo ocurrido con los estudiantes.
Investigaciones posteriores documentaron irregularidades en la obtención y tratamiento de evidencia utilizada para sostener esa versión.
Por eso, actualmente existen dos grandes preguntas que se relacionan, pero no son iguales:
- ¿Qué ocurrió con los estudiantes después de su desaparición?
- ¿Qué ocurrió con la investigación que intentó explicar su destino?
Las nuevas pesquisas buscan aportar elementos para responder ambas.
¿Qué falta por esclarecer sobre el Ejército?
Otra de las líneas pendientes se relaciona con la información militar sobre Ayotzinapa. En marzo de 2026, un tribunal ordenó entregar 853 folios de información de inteligencia militar relacionados con el caso.
Las familias de los estudiantes han reclamado durante años acceso a información sobre lo que las Fuerzas Armadas conocieron y registraron durante aquella noche.
El Gobierno sostiene que la Secretaría de la Defensa Nacional ha entregado la información solicitada. Las familias y organizaciones han cuestionado si toda la documentación relevante ha sido puesta a disposición.
Mientras esos documentos no sean analizados públicamente en su totalidad, no es posible determinar qué información contienen ni qué pueden aportar a la investigación.
A esta línea se suma el caso de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, quien permanece en Israel.
Sheinbaum informó este martes que México continúa trabajando para lograr su extradición. La FGR mantiene comunicación con las autoridades israelíes y ha enviado documentación relacionada con el expediente.
Zerón está relacionado con las irregularidades señaladas en la investigación inicial del caso y con la construcción de la llamada “verdad histórica”.
¿Qué cambia con los 17 nuevos objetivos?
La identificación de 17 nuevos objetivos no significa que el caso Ayotzinapa haya sido resuelto. Lo que cambia es el número de personas y conexiones que ahora forman parte de las líneas que investiga la Fiscalía.
Las nuevas pesquisas relacionan:
registros telefónicos → teléfonos de los estudiantes → policías → Guerreros Unidos → barandilla de Iguala → funerarias → evidencia.
A partir de estas conexiones, la FGR busca determinar qué ocurrió después de la desaparición de los estudiantes y qué responsabilidad pudo tener cada persona.
La investigación también continúa sobre las videograbaciones desaparecidas, la información militar, las actuaciones de funcionarios y la posible extradición de Tomás Zerón.
Doce años después de los hechos, solo tres de los 43 estudiantes han sido identificados mediante restos.
Los nuevos objetivos representan una ampliación de la investigación. Ahora corresponde a las autoridades determinar si las conexiones encontradas pueden convertirse en pruebas y contribuir a reconstruir qué ocurrió con los estudiantes.