Especialistas sugieren que el cambio de denominación debe acompañarse de un plan integral de educación histórica que permita comprender y valorar el pasado de los pueblos originarios.
El debate sobre cambiar el nombre del Paso de Cortés, ubicado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en los límites de Puebla y el Estado de México, ha cobrado relevancia tras los pronunciamientos del Gobierno de México. Sin embargo, académicos e investigadores advierten que esta medida resultará meramente simbólica si no se acompaña de acciones concretas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y una política de educación histórica profunda.
En este artículo
La discusión sobre la denominación de este emblemático paso de montaña ha generado posturas encontradas entre historiadores, activistas de derechos indígenas y funcionarios públicos. Mientras algunos consideran que el cambio representa un acto de justicia histórica, otros señalan que sin políticas públicas que respalden a las comunidades originarias, la medida carecerá de impacto real.
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Consolidación histórica del nombre
El Paso de Cortés recibe su nombre en referencia a Hernán Cortés, el conquistador español que, según los registros históricos, cruzó por este punto en 1519 durante su expedición hacia la Gran Tenochtitlan. Este acontecimiento marcó el inicio de la conquista del Imperio Mexica y, con ello, la transformación radical de las culturas que habitaban el territorio que hoy conocemos como México.
Durante más de 500 años, el nombre ha permanecido como parte del imaginario colectivo nacional, apareciendo en mapas oficiales, señalética turística y documentos gubernamentales. La denominación se consolidó durante el periodo colonial y fue ratificada en diversas ocasiones por gobiernos posteriores, sin que existiera un cuestionamiento público significativo hasta décadas recientes.
El sitio se encuentra a una altitud de aproximadamente 3,600 metros sobre el nivel del mar y constituye uno de los puntos de acceso más importantes para excursionistas y alpinistas que buscan ascender al Popocatépetl o al Iztaccíhuatl. Además, representa un corredor natural que conecta los valles de Puebla y México, con una importancia geográfica que trasciende su valor simbólico.
Dato clave: El Paso de Cortés se ubica entre los dos volcanes más emblemáticos del centro de México y ha sido un corredor estratégico desde la época prehispánica.
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Un cambio que no debe quedarse en lo simbólico
Diversos especialistas en historia, antropología y derechos humanos han expresado su postura respecto a la propuesta de modificar la denominación del emblemático paso montañoso. El consenso entre los académicos consultados es claro: el cambio de nombre es insuficiente si no se acompaña de políticas públicas que garanticen efectivamente los derechos de las comunidades indígenas del país.
Los investigadores sugieren que cualquier modificación en la nomenclatura de sitios históricos debe ir de la mano con un plan integral de educación histórica que permita a la población comprender y valorar su pasado. Sin este componente educativo, argumentan, el cambio se reduce a un gesto vacío que no transforma las condiciones de vida de quienes fueron afectados por la conquista y sus consecuencias.
La discusión académica plantea que los símbolos tienen poder, pero su efectividad depende del contexto en el que se insertan. Un cambio de nombre puede ser el inicio de un proceso de reivindicación histórica, pero pierde sentido si las comunidades indígenas siguen enfrentando marginación, discriminación y falta de acceso a servicios básicos.
“El cambio de nombre es un primer paso, pero no puede ser el único. Necesitamos políticas que garanticen tierra, educación, salud y respeto a las lenguas originarias.”
Especialistas en derechos indígenas
Entre las propuestas que han surgido en el debate se encuentra la de renombrar el sitio con una denominación en náhuatl, la lengua que hablaban los pueblos que habitaban la región antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, incluso esta propuesta ha generado discusiones sobre cuál sería el nombre más apropiado y quién tendría la autoridad para decidirlo.
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Derechos de los pueblos indígenas en México
México cuenta con una de las poblaciones indígenas más numerosas del continente americano. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 23 millones de personas se autoidentifican como indígenas en el país, lo que representa aproximadamente el 19% de la población total. Estas comunidades hablan más de 68 lenguas originarias reconocidas oficialmente.
A pesar de este reconocimiento demográfico y cultural, los pueblos indígenas enfrentan condiciones de marginación estructural. Las estadísticas muestran que las comunidades originarias tienen menores índices de acceso a educación, servicios de salud, vivienda digna y empleo formal. La brecha de desarrollo entre poblaciones indígenas y no indígenas sigue siendo una de las más pronunciadas en América Latina.
En Puebla, la situación no es diferente. El estado alberga una significativa población indígena, principalmente de origen náhuatl, totonaco, popoloca, mixteco y mazateco. Comunidades como las de la Sierra Norte y la Sierra Negra mantienen vivas sus tradiciones ancestrales, pero también enfrentan los mayores índices de pobreza y rezago social de la entidad.
| Datos clave | Cifra |
|---|---|
| Población indígena en México | Más de 23 millones de personas |
| Porcentaje de la población total | Aproximadamente 19% |
| Lenguas originarias reconocidas | 68 lenguas |
| Altitud del Paso de Cortés | Aproximadamente 3,600 msnm |
| Año de la expedición de Cortés | 1519 |
El marco legal mexicano reconoce los derechos de los pueblos indígenas a través del Artículo 2 de la Constitución, que establece su derecho a la libre determinación, la autonomía para decidir sus formas internas de organización y la preservación de sus lenguas y culturas. Sin embargo, la implementación efectiva de estos derechos sigue siendo un desafío pendiente.
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Postura del Gobierno Federal
La administración de Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura favorable hacia la reivindicación de los pueblos originarios. El gobierno federal ha impulsado diversas iniciativas orientadas a reconocer la herencia indígena y a revisar la narrativa histórica oficial sobre la conquista y la colonización española.
Entre las acciones más destacadas se encuentra la solicitud de disculpas históricas a España por los agravios cometidos durante la conquista, una petición que generó controversia internacional pero que fue respaldada por diversos sectores de la sociedad mexicana. Esta postura se enmarca en una política más amplia de reconocimiento de la diversidad cultural del país.
El Secretaría de Cultura ha trabajado en programas de revitalización de lenguas indígenas y en la promoción de las expresiones artísticas de los pueblos originarios. Asimismo, se han impulsado reformas para garantizar la participación de representantes indígenas en espacios de toma de decisiones.
No obstante, los críticos señalan que estas medidas resultan insuficientes frente a la magnitud de los problemas que enfrentan las comunidades indígenas. Organizaciones civiles han demandado acciones más contundentes en materia de acceso a la tierra, protección de territorios ancestrales y combate a la discriminación estructural.
Dato clave: La Constitución Mexicana reconoce en su Artículo 2 los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y la preservación de sus lenguas y culturas.
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La necesidad de educación histórica
Los especialistas coinciden en que el verdadero cambio debe comenzar en las aulas. Un plan de educación histórica integral permitiría a las nuevas generaciones comprender la complejidad del pasado mexicano, incluyendo tanto los logros de las civilizaciones prehispánicas como las consecuencias de la conquista y la colonización.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha incorporado contenidos relacionados con la historia indígena en los programas de estudio, pero los académicos consideran que estos esfuerzos deben profundizarse. Se propone incluir la enseñanza de lenguas originarias, la historia local de cada región y las contribuciones científicas y culturales de los pueblos prehispánicos.
Además de la educación formal, los especialistas sugieren implementar campañas de difusión cultural que lleguen a todos los sectores de la población. Museos, centros culturales y medios de comunicación pueden desempeñar un papel fundamental en la transformación de la percepción social sobre los pueblos indígenas y su historia.
El debate sobre el Paso de Cortés se inscribe en una discusión más amplia sobre la memoria histórica y la forma en que las sociedades contemporáneas se relacionan con su pasado. En diversos países del mundo se han desarrollado procesos similares de revisión de nomenclaturas y símbolos coloniales, con resultados variados.
Lo que queda claro, según los expertos, es que el cambio de nombre del emblemático paso de montaña solo tendrá sentido si forma parte de una política integral de reconocimiento y garantía de los derechos de los pueblos indígenas. De lo contrario, como advierten los académicos, será un gesto simbólico más que no transformará la realidad de quienes han sido históricamente marginados.
El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, no se ha pronunciado oficialmente sobre la posibilidad de modificar la denominación del sitio, aunque el tema ha generado interés entre diversos sectores de la sociedad poblana que consideran necesario abrir el debate sobre la herencia colonial en la región.
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El camino hacia una reivindicación efectiva
Para que el cambio de nombre del Paso de Cortés trascienda lo simbólico, los especialistas proponen un conjunto de acciones complementarias:
- Consulta a comunidades indígenas: Cualquier decisión sobre la nomenclatura debe incluir la participación directa de los pueblos originarios de la región.
- Reforma educativa profunda: Incorporar contenidos sobre historia prehispánica y colonial desde una perspectiva crítica en todos los niveles educativos.
- Políticas de desarrollo: Implementar programas efectivos para reducir la brecha de desigualdad que enfrentan las comunidades indígenas.
- Protección de territorios: Garantizar los derechos de las comunidades sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales.
- Revitalización lingüística: Fortalecer los programas de preservación y enseñanza de las lenguas originarias.
El debate continuará en los próximos meses, y tanto académicos como organizaciones civiles seguirán demandando que cualquier acción gubernamental en materia de reivindicación histórica se traduzca en mejoras concretas para las condiciones de vida de los más de 23 millones de indígenas que habitan el territorio mexicano.
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