Rubén Rocha Moya retomó este viernes el cargo de gobernador de Sinaloa, después de 112 días de licencia. Volvió, según sus propias palabras, “con la frente limpia y en alto”. Pero el regreso deja sobre la mesa una pregunta incómoda que ni el propio gobernador ni Morena han logrado resolver: ¿puede un mandatario desaparecer casi cuatro meses de su cargo, en medio de señalamientos de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, y regresar como si el episodio jamás hubiera ocurrido?
Una licencia de casi cuatro meses tras acusaciones de Washington
El 29 de abril, el gobierno de Estados Unidos acusó a Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, de sostener presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Dos días después, el gobernador solicitó licencia temporal ante el Congreso del estado, que designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de Sinaloa.
Durante los siguientes 112 días, mientras Sinaloa continuó hundida en una crisis de violencia que no dio tregua, Rocha Moya se mantuvo alejado del ejercicio del cargo, aunque —vale la pena subrayarlo— sin renunciar en ningún momento a su fuero constitucional, según reportó El Financiero. La duración de la licencia tampoco tuvo nunca una fecha límite clara: el propio Congreso reconoció, un mes después de otorgada, que no existía certeza sobre cuándo terminaría.
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“No he cometido ningún delito”, asegura el gobernador
Este viernes, a través de un extenso mensaje en la red social X, Rocha Moya anunció su regreso. Según explicó, durante su licencia compareció ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) y, de acuerdo con su versión, la institución concluyó que no existen elementos de prueba que sustenten su participación en delito alguno.
“Después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya, en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, que no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea no he cometido ningún delito, conforme al marco constitucional y legal de nuestro país”, escribió el gobernador.
Rocha fue más allá y calificó las acusaciones del gobierno estadounidense como “patrañas e infundios orquestados por sectores de la ultraderecha con el fin de golpear la soberanía nacional y desestabilizar al movimiento de la Cuarta Transformación en la región”. En el mismo mensaje, reivindicó “con alto orgullo” su participación en el proyecto de la 4T y aseguró que regresa a trabajar “con más ahínco que nunca”.
La oposición habla de impunidad; Sheinbaum defiende el derecho de Rocha a decidir
La reacción de los partidos de oposición fue inmediata. PAN y PRI calificaron el regreso como una “burla” y una señal de “impunidad garantizada”, y advirtieron que las investigaciones mexicanas han carecido de transparencia frente a los graves señalamientos de agencias estadounidenses.
Semanas antes de este desenlace, la propia presidenta Claudia Sheinbaum había dejado entrever que el regreso de Rocha era, en esencia, una decisión personal del gobernador. Según declaró, el gobierno de Donald Trump “no ha enviado la información” que acredite una solicitud de detención urgente con fines de extradición en su contra, por lo que el mandatario podía volver a su cargo si así lo decidía, pese a las acusaciones estadounidenses aún sin resolver formalmente.
Sinaloa sigue en crisis mientras el gobernador entra y sale del cargo
Más allá del debate legal sobre el fuero y la duración de la licencia, queda la pregunta que de verdad importa a los sinaloenses: ¿quién gobernó Sinaloa durante estos 112 días de crisis de violencia, mientras el titular del Poder Ejecutivo se ausentaba para atender un proceso que él mismo describe como una investigación sin consecuencias? La entidad continúa entre las más golpeadas del país por la violencia relacionada con el crimen organizado, y la administración de Rocha Moya llega ya a su recta final, con elecciones para renovar la gubernatura previstas para 2027.
Rocha Moya asegura regresar “con la fuerza de la verdad” de su lado. Su versión de los hechos —respaldada, según él, por la propia FGR— no ha sido cuestionada formalmente por ninguna autoridad mexicana. Pero en un estado donde la violencia no dio tregua durante los casi cuatro meses de su ausencia, la pregunta sobre la gobernabilidad y la rendición de cuentas sigue, para muchos sinaloenses, sin respuesta satisfactoria.
