El Frente Unido Autista de México acusa a la diputada de Morena María Soledad Amieva de excluir a personas autistas y sus familias en la elaboración de una iniciativa de ley estatal sobre autismo en Puebla. Según la denuncia presentada por el activista Fernando Riega, durante más de un año se desestimaron las propuestas y borradores entregados por la comunidad.
Los colectivos entregaron oficios a la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad del Congreso de Puebla solicitando una audiencia formal y replantear el proceso legislativo. Además, ratificaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos estatal bajo el expediente 2094/2026, presentada el 20 de mayo de 2026.
Cronología de la colaboración y las diferencias
De acuerdo con la denuncia de Fernando Riega, la colaboración entre el Frente Unido Autista de México y el equipo de la diputada inició en 2024. El activista señala que participó de manera voluntaria en el proceso de elaboración de la iniciativa.
El 24 de octubre de 2024, el Frente Unido Autista de México entregó un primer borrador de iniciativa al equipo legislativo. Sin embargo, en febrero de 2025, el equipo técnico de la diputada propuso utilizar la Ley General para Personas con Autismo, promulgada en 2015, como base para el proyecto. Esta propuesta fue rechazada por los participantes de la comunidad autista.
En mayo de 2025 surgieron diferencias adicionales debido a la intención de organizar un foro en menos de dos semanas, según denuncian los colectivos. Las mesas de trabajo quedaron suspendidas tras lo que la comunidad autista describe como ataques en su contra.
Reanudación de mesas y nuevas diferencias en 2025 y 2026
Entre septiembre y octubre de 2025, los encuentros se reanudaron a petición de cuidadoras de personas autistas. El 20 de enero de 2026, la comunidad entregó un documento con observaciones y propuestas específicas para ser incorporadas en la iniciativa de ley.
No obstante, en mayo de 2026, los colectivos recibieron una nueva versión del proyecto que, según denuncian, no incorporaba las observaciones entregadas por la comunidad autista. Este hecho motivó la presentación formal de quejas y solicitudes ante las autoridades legislativas y de derechos humanos.
Queja ante la CDH de Puebla
El 20 de mayo de 2026, la comunidad autista ratificó una queja ante la CDH de Puebla bajo el expediente 2094/2026. Parte de esta queja está relacionada con la participación de Marcel Arvea Damián en actividades del Congreso local.
Según los denunciantes, Marcel Arvea Damián ha sido señalado por presuntas agresiones y por participar en actividades legislativas sin contar con las acreditaciones profesionales correspondientes. La comunidad autista cuestiona su involucramiento en el proceso de elaboración de la ley.
Acciones ante la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad
Los colectivos entregaron oficios a todas las diputadas integrantes de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad del Congreso de Puebla. En estos documentos solicitan una audiencia formal para exponer sus observaciones y demandan que se replantee el proceso de elaboración de la iniciativa.
La denuncia presentada por Fernando Riega señala que las propuestas de la comunidad autista fueron desestimadas durante más de un año de trabajo colaborativo, sin que sus aportaciones fueran incorporadas en las versiones posteriores del proyecto legislativo.
Posible amparo como medida legal
Los colectivos que integran el Frente Unido Autista de México advierten que analizan la posibilidad de recurrir a un amparo si no reciben respuesta a sus peticiones por parte de las autoridades legislativas. Esta medida legal se considera como una opción ante la falta de atención a sus solicitudes formales.
Hasta el momento, la comunidad autista mantiene sus demandas de participación efectiva en el proceso de elaboración de la ley estatal y exige que sus observaciones sean tomadas en cuenta antes de que la iniciativa avance en el Congreso de Puebla.
Información pendiente de confirmación
Respecto a este caso, aún no se conoce la respuesta oficial de la diputada María Soledad Amieva ante las acusaciones presentadas por la comunidad autista. Tampoco se ha dado a conocer la postura del Congreso local ante la queja interpuesta.
Igualmente, no se ha informado sobre el monto de recursos públicos que pudieron destinarse a talleres relacionados con Marcel Arvea Damián, ni existe una respuesta formal de las diputadas integrantes de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad ante los oficios entregados.
Contexto sobre legislación de autismo en México
La Ley General para Personas con Autismo fue promulgada a nivel federal en 2015. Las entidades federativas pueden desarrollar legislaciones estatales complementarias que atiendan las necesidades específicas de la población autista en sus territorios.
En el caso de Puebla, la iniciativa de ley estatal que se encuentra en proceso de elaboración ha sido objeto de controversia debido a las denuncias de exclusión presentadas por organizaciones de personas autistas y sus familias.
Preguntas frecuentes
¿Quién denuncia la exclusión en la ley de autismo en Puebla?
Fernando Riega, activista y miembro del Frente Unido Autista de México, es quien presenta la denuncia contra la diputada María Soledad Amieva por presunta exclusión de la comunidad autista en la elaboración de la iniciativa.
¿Cuál es el expediente de la queja ante la CDH de Puebla?
La queja fue ratificada el 20 de mayo de 2026 bajo el expediente 2094/2026 ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla.
¿Qué solicita la comunidad autista al Congreso de Puebla?
Los colectivos solicitan una audiencia formal ante la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y demandan que se replantee el proceso de elaboración de la iniciativa de ley para incluir sus observaciones y propuestas.
¿Cuándo entregó la comunidad autista su primer borrador de iniciativa?
El Frente Unido Autista de México entregó su primer borrador de iniciativa el 24 de octubre de 2024 al equipo de la diputada María Soledad Amieva.
Las denuncias presentadas por la comunidad autista continúan en espera de respuesta por parte de las autoridades legislativas y de derechos humanos de Puebla. Los colectivos mantienen abierta la posibilidad de recurrir a instancias judiciales si sus peticiones no son atendidas.
