La Fiscalía General de Nuevo México presentó una demanda civil contra Darren K. Indyke, abogado personal de Jeffrey Epstein, y Richard D. Kahn, su contador, por su presunta participación en la red de explotación sexual que el financiero operó en el rancho Zorro, en el condado de Santa Fe.
La acción legal busca que ambos rindan cuentas por su presunto papel en el financiamiento y encubrimiento de los abusos, así como impedir que reciban parte de la fortuna que Epstein dejó en fideicomisos. La demanda fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito de Nuevo México.
Según la Fiscalía, Indyke y Kahn ocuparon posiciones de liderazgo en entidades vinculadas al financiero, administraron cuentas y autorizaron transacciones relacionadas con la red de tráfico de personas. Ambos rechazan las acusaciones, de acuerdo con la defensa del patrimonio de Epstein.
Fiscalía busca bloquear una herencia de 75 millones de dólares
Uno de los puntos centrales de la demanda es el dinero que Indyke y Kahn tendrían derecho a recibir del patrimonio de Epstein.
De acuerdo con el documento judicial, el abogado podría obtener 50 millones de dólares y el contador otros 25 millones. La Fiscalía solicitó que el tribunal impida la entrega de esos recursos mientras se resuelve el litigio.
La demanda también pide que se declare que ambos participaron en actividades relacionadas con el crimen organizado y el tráfico ilícito de personas, en presunta violación de leyes estatales y federales.
Además, reclama indemnizaciones y restituciones para las supervivientes de los abusos.
La Fiscalía sostiene que Indyke y Kahn recibieron importantes sumas de dinero por su relación profesional con Epstein. Entre 2011 y 2019, el abogado habría percibido más de 16 millones de dólares y el contador más de 10 millones, según la demanda.
Ambos figuran también como beneficiarios del Fideicomiso Epstein de 1953 y como administradores y coejecutores de su patrimonio.
La fortuna de Epstein y el fideicomiso
La demanda señala que el patrimonio de Epstein tenía un valor de 577 millones de dólares cuando murió en 2019. Actualmente, su valor superaría los 107 millones de dólares.
Dos días antes de su muerte, Epstein firmó un testamento en el que transfirió sus bienes muebles e inmuebles al fideicomiso que lleva su nombre, según el documento judicial.
La Fiscalía busca que los recursos restantes no terminen en manos de personas a quienes atribuye una posible responsabilidad en los delitos, y que una parte se destine a reparar el daño causado a las víctimas.
Seis testimonios sobre abusos en el rancho Zorro
La demanda incorpora relatos sobre situaciones específicas de seis presuntas víctimas de abusos sexuales en el rancho Zorro, una propiedad ubicada en el condado de Santa Fe que Epstein habría utilizado durante cerca de dos décadas.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, afirmó que Epstein abusó y explotó sexualmente a cientos de niñas y mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad. Según la Fiscalía, el financiero también habría utilizado esa red para ampliar su riqueza y su influencia social.
“Jeffrey Epstein no actuó solo, y su muerte no pone fin a la búsqueda de justicia para quienes contribuyeron a que sus crímenes fueran posibles”, declaró Torrez.
La acción legal se apoya en la Ley Federal de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas y en la legislación de Nuevo México contra el crimen organizado, normas que permiten reclamar compensaciones para las personas perjudicadas.
La defensa califica la demanda de infundada
Daniel Weiner, abogado del patrimonio de Epstein, calificó la demanda como “infundada” en declaraciones a CNBC.
Según Weiner, la Fiscalía no solicitó reunirse con Indyke y Kahn antes de presentar la acción legal. También afirmó que ambos rechazan categóricamente las acusaciones.
La demanda abre un nuevo frente judicial sobre la responsabilidad de las personas que trabajaron con Epstein y la distribución de los bienes que dejó tras su muerte.
Por ahora, las acusaciones contra Indyke y Kahn forman parte de un litigio civil y deberán examinarse ante los tribunales. La Fiscalía busca que el proceso determine si tuvieron responsabilidad legal en las actividades de explotación sexual y tráfico de personas atribuidas al financiero.