El Gobierno de Puebla inició un procedimiento para adquirir tecnología especializada en extracción y análisis forense de teléfonos celulares, con el propósito de fortalecer las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La licitación pública nacional GEP-SPFA-LPN-283-887/2026 contempla dos computadoras de alto rendimiento, herramientas de la empresa israelí Cellebrite, una suscripción anual a su plataforma Inseyets Online Pro y un paquete de 150 desbloqueos para dispositivos móviles avanzados.
El Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública estará a cargo de la contratación. Los equipos se destinarán a labores de investigación de la Fiscalía poblana, donde personal operativo recibirá capacitación para utilizar las herramientas.
El procedimiento todavía no establece el costo definitivo de la adquisición. Las propuestas económicas se abrirán el 4 de noviembre y la comunicación del fallo está prevista a partir del día 6, de acuerdo con las bases publicadas por el Gobierno estatal.
Qué información puede recuperar Cellebrite
Cellebrite desarrolla tecnología de análisis forense digital que permite acceder a dispositivos compatibles, extraer información y organizar los datos recuperados para su examen.
El paquete solicitado incluye Cellebrite Inseyets UFED, Physical Analyzer y Cellebrite Reader. En conjunto, estas herramientas permiten realizar distintas etapas del procesamiento de evidencia digital.
UFED se utiliza para extraer información de teléfonos compatibles. Physical Analyzer permite examinar los datos recuperados, identificar relaciones entre registros y construir cronologías de acontecimientos. Reader facilita la consulta de informes forenses.
La información susceptible de análisis puede incluir mensajes, registros de llamadas, fotografías, archivos y datos de aplicaciones. El alcance depende del modelo del dispositivo, la versión del sistema operativo, sus mecanismos de seguridad y las condiciones técnicas de acceso.
Por ello, la adquisición no garantiza que todos los teléfonos puedan desbloquearse ni que sea posible recuperar cualquier información eliminada.
Las bases contemplan 150 desbloqueos compartidos entre los dos equipos, pero no especifican los modelos de celulares compatibles ni el alcance individual de cada operación.
Dos computadoras especializadas y capacitación para ocho elementos
La contratación contempla dos computadoras portátiles con procesadores Intel Core Ultra 9 275HX, 64 gigabytes de memoria RAM, tarjetas gráficas dedicadas de 16 gigabytes y unidades de almacenamiento SSD de cuatro terabytes.
El equipamiento permitirá ejecutar herramientas que requieren capacidad de procesamiento para examinar grandes volúmenes de información digital.
El paquete también incluye una suscripción de 12 meses a Cellebrite Inseyets Online Pro, además de cables, adaptadores y accesorios necesarios para trabajar con distintos dispositivos.
La capacitación estará dirigida a ocho elementos operativos. El programa contempla cursos sobre el manejo de los equipos y técnicas avanzadas de acceso a teléfonos móviles, impartidos conforme a las especificaciones del procedimiento.
El proveedor seleccionado tendrá un plazo máximo de 40 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato, para entregar los bienes. Las bases también establecen una garantía mínima de un año.
Puebla enfrenta rezagos en investigación digital
La adquisición ocurre en un contexto de desigualdad tecnológica entre las fiscalías estatales.
Un diagnóstico de México Evalúa, publicado en abril de 2026, examinó 14 tipos de herramientas tecnológicas utilizadas en las investigaciones criminales. El estudio recibió respuestas de 29 fiscalías y encontró diferencias importantes en sus capacidades digitales.
En el caso de Puebla, el informe identificó la disponibilidad de cinco de las 14 herramientas evaluadas. Entre las capacidades que el diagnóstico consideró relevantes para fortalecer las investigaciones están la extracción de información de teléfonos celulares, el rastreo de direcciones IP y los sistemas de análisis de datos.
El rezago tecnológico puede dificultar el procesamiento de evidencia digital en investigaciones que involucran comunicaciones electrónicas, dispositivos móviles y otras fuentes de información.
Sin embargo, México Evalúa advierte que la adquisición de tecnología no garantiza por sí misma mejores resultados. Las instituciones también necesitan capacitación continua, coordinación entre áreas, protocolos de investigación y mecanismos para evaluar la calidad de las pruebas presentadas ante los tribunales.
En ese sentido, el resultado de la compra dependerá tanto de las capacidades técnicas de los equipos como de la manera en que la Fiscalía los incorpore a sus procedimientos.
La extracción de datos exige garantías de privacidad
El acceso a un teléfono puede exponer información especialmente sensible: conversaciones privadas, fotografías, contactos, ubicaciones y datos de aplicaciones que no necesariamente guardan relación con una investigación.
El artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la extracción de información que comprenda comunicaciones privadas requiere autorización judicial. La aplicación de las reglas depende de la actuación concreta y de las circunstancias del caso.
La tecnología forense no sustituye esos requisitos legales. Tampoco convierte automáticamente todos los datos recuperados en pruebas válidas: su obtención, preservación, análisis y documentación deben cumplir las condiciones aplicables para garantizar su autenticidad e integridad.
Las bases de contratación describen el equipamiento, las licencias y la capacitación, pero no detallan públicamente un protocolo específico para delimitar las búsquedas, controlar los accesos a la información o supervisar cada operación de extracción.
Por ello, será relevante conocer qué procedimientos aplicará la Fiscalía para proteger los datos ajenos a cada investigación, registrar el uso de los desbloqueos y controlar la conservación de la información obtenida.
Antecedentes internacionales ponen el foco en la supervisión
Las herramientas de Cellebrite también han sido objeto de cuestionamientos por su posible uso indebido.
En diciembre de 2024, Amnistía Internacional documentó casos en Serbia en los que autoridades utilizaron herramientas forenses de la empresa para desbloquear teléfonos de activistas y periodistas, antes de que se produjeran infecciones con un programa espía conocido como NoviSpy.
La investigación identificó el uso de herramientas UFED en al menos dos casos relacionados con el acceso a dispositivos antes de la instalación del programa espía. En febrero de 2025, Cellebrite anunció que suspendería el uso de sus productos por parte de determinados clientes en Serbia tras revisar las denuncias.
Estos antecedentes no demuestran que la Fiscalía de Puebla vaya a utilizar la tecnología de forma irregular. Sí muestran por qué la supervisión institucional, los controles de acceso y las garantías de derechos humanos son relevantes cuando las autoridades adquieren herramientas capaces de acceder a información privada.
El costo y la empresa adjudicada siguen pendientes
El procedimiento estatal establece una junta de aclaraciones para el 22 de octubre, la apertura de propuestas técnicas para el 28 de octubre y la presentación de propuestas económicas para el 4 de noviembre.
La comunicación del fallo está prevista a partir del 6 de noviembre. Hasta entonces, no puede establecerse cuál será el costo final ni qué proveedor resultará seleccionado.
La adquisición permitirá ampliar el acceso de la Fiscalía a herramientas especializadas para examinar teléfonos celulares. No obstante, su impacto dependerá de la capacidad del personal para utilizar la tecnología, de la calidad de los procedimientos periciales y de las garantías que acompañen la extracción de información.
El reto para Puebla será convertir la inversión en evidencia útil para esclarecer delitos, sin descuidar la legalidad de las investigaciones ni la privacidad de las personas cuyos dispositivos sean examinados.