La Fiscalía lo detuvo tras un cateo en su domicilio. Su nombre quedó ligado a la polémica por el cambio de medida cautelar de Manuel Forcelledo, condenado a 76 años por el feminicidio de Karla López Albert.
El exjuez Enrique Romero Razo fue detenido este martes en la ciudad de Puebla por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración de justicia y evasión de presos, de acuerdo con información atribuida a fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El aseguramiento ocurrió después de un cateo en su domicilio, ubicado en la colonia El Ángel, en la capital poblana. La detención se relaciona con las presuntas irregularidades en el procedimiento que permitió modificar la medida cautelar de Manuel Forcelledo Nader, condenado por el feminicidio de Karla López Albert.
La aprehensión ocurrió después de meses de cuestionamientos sobre la actuación del juzgador, una investigación administrativa del Poder Judicial estatal y un conflicto legal con el Consejo de la Judicatura por su cambio de adscripción. Hasta el momento, la información periodística disponible no permite establecer una sentencia condenatoria contra Romero Razo por los delitos que se le atribuyen.
El caso de Karla López Albert y la condena de 76 años
Karla López Albert fue asesinada en 2014 cuando tenía cinco meses de embarazo. Por estos hechos, Manuel Forcelledo Nader recibió en 2021 una sentencia de 76 años de prisión por delitos relacionados con el feminicidio, la interrupción del embarazo y la violencia sexual, de acuerdo con reportes periodísticos.
Romero Razo fue el juez que dictó esa condena. Años después, su nombre volvió al centro del caso cuando una audiencia autorizó sustituir la prisión preventiva de Forcelledo por arresto domiciliario, el uso de un brazalete electrónico y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.
La decisión generó indignación entre familiares de la víctima y sectores de la sociedad, debido a las condiciones en que se desarrolló la audiencia y a las dudas sobre la intervención de funcionarios judiciales.
La audiencia que desató la investigación
La audiencia de revisión de la medida cautelar se realizó el 12 de mayo de 2026, según los reportes de e-consulta e Infobae. La secretaria de acuerdos del juzgado, Angélica Rodríguez Zamora, intervino mientras Romero Razo se encontraba ausente.
De acuerdo con esas publicaciones, el juez había solicitado licencia para ausentarse del 11 al 14 de mayo, pero el Consejo de la Judicatura le negó el permiso. Pese a ello, no estuvo presente en la audiencia. La actuación de su secretaria y las instrucciones que presuntamente recibió quedaron bajo cuestionamiento.
Entre las irregularidades señaladas por los medios estuvieron la falta de registro de audio y video de la diligencia y la ausencia de notificación a los familiares de Karla López Albert. La audiencia concluyó con la autorización para que Forcelledo continuara bajo arresto domiciliario, con brazalete electrónico y firma periódica.
La decisión no llegó a traducirse en la salida de Forcelledo del penal. El Consejo de la Judicatura intervino para frenar su ejecución y mantenerlo en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula.
El 18 de mayo, el Consejo informó sobre el inicio de una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. Esa investigación fue un procedimiento institucional distinto de la causa penal que ahora se atribuye a Romero Razo.
El cambio de adscripción y el enfrentamiento con el Poder Judicial
Después del escándalo, el Consejo de la Judicatura decidió reubicar a Romero Razo. A partir del 1 de julio de 2026, su adscripción pasó del juzgado de San Pedro Cholula al distrito judicial de Chalchicomula, con sede en Ciudad Serdán.
El juez impugnó la decisión y promovió un juicio de amparo el 17 de julio. Argumentó motivos de salud y buscó regresar a su anterior puesto.
Según la cobertura de Infobae, el juez federal Francisco René Olivo Loyo, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Puebla, concedió una medida con efectos restitutorios para que Romero Razo regresara a Cholula. Sin embargo, el Poder Judicial estatal no habría cumplido dentro del plazo señalado, lo que llevó a la defensa a promover un incidente por presunto incumplimiento.
El 14 de octubre se declaró fundado el incidente relacionado con el cumplimiento de la suspensión provisional, según la resolución reseñada por Mediatik. El juzgado federal requirió atender la orden y advirtió sobre la posibilidad de denunciar el incumplimiento ante el Ministerio Público Federal.
Esta resolución se refiere al acatamiento de una medida judicial dentro del amparo. No constituye una exoneración de Romero Razo respecto de las irregularidades investigadas en el caso Forcelledo ni demuestra por sí misma que los señalamientos penales sean ciertos.
Un antecedente disciplinario de 2010
La trayectoria de Romero Razo también incluye una disputa previa con el Tribunal Superior de Justicia de Puebla.
En diciembre de 2010, el pleno del tribunal decidió separarlo de su cargo como juez penal de Teziutlán, en un procedimiento relacionado con una queja sobre el litigio por el control del equipo de futbol Puebla entre Francisco Bernat y Ricardo Henaine.
Romero Razo impugnó la decisión. En febrero de 2017, el Tribunal Superior de Justicia votó a favor de restituirlo en cumplimiento de resoluciones de la justicia federal. En marzo de ese año se reportó su reincorporación en Teziutlán.
Este antecedente forma parte de su historial profesional, pero debe distinguirse de la investigación actual: su restitución de 2017 se produjo a partir de resoluciones judiciales favorables a su defensa y no prueba, por sí misma, responsabilidad en los hechos que ahora se investigan.
¿De qué delitos lo acusan?
Las publicaciones de e-consulta, MTP Noticias, Infobae y Ambas Manos reportaron que Romero Razo fue detenido por presuntos delitos contra la administración o procuración de justicia y evasión de presos.
Algunos medios también han mencionado cohecho, pero la información consultada no permite confirmar que ese delito forme parte de una imputación formal. Tampoco se ha localizado una comunicación pública completa de la Fiscalía que detalle todos los hechos atribuidos, las pruebas presentadas y la clasificación jurídica definitiva.
La orden de aprehensión y la detención no equivalen a una condena. La responsabilidad penal deberá establecerse en el proceso correspondiente, con las pruebas de la Fiscalía y el derecho de defensa del acusado.
Un caso que vuelve a poner bajo escrutinio al Poder Judicial
La detención de Romero Razo coloca nuevamente bajo la lupa el funcionamiento del sistema judicial poblano. El caso reúne una decisión que estuvo a punto de permitir el arresto domiciliario de un hombre condenado por feminicidio, una investigación administrativa, un conflicto entre un juez y el Consejo de la Judicatura y, finalmente, una detención por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas.
La cuestión central ahora será conocer la imputación formal y las pruebas con las que la Fiscalía sostiene la acusación. También deberá esclarecerse quién tomó las decisiones durante la audiencia del 12 de mayo y cuál fue la participación concreta de cada funcionario.
Mientras tanto, Manuel Forcelledo permanece en prisión, y la investigación contra Romero Razo deberá determinar si las irregularidades señaladas constituyen delitos y quiénes son legalmente responsables.