La política social mexicana tiene una peculiaridad que merece una revisión sin concesiones. El Gobierno federal ha extendido los apoyos económicos a millones de personas, pero quienes mantienen en funcionamiento los servicios públicos siguen reclamando condiciones salariales dignas. La protesta de los trabajadores de la salud que durante varios días bloquearon las principales vialidades de la Ciudad de México demostró, una vez más, la contradicción presupuestaria. La administración de Claudia Sheinbaum ha optado por dar continuidad a la estrategia social de Andrés Manuel López Obrador, aunque todavía debe explicar cómo concilia el crecimiento de esos compromisos con las necesidades de instituciones tan sensibles como el sistema sanitario.
La comparación entre el salario base de un médico general del IMSS, cercano a los 10 mil pesos mensuales, y la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro, que apenas queda 160 pesos por debajo de esa cantidad, retrata una distorsión que el Gobierno no debería despachar con una explicación administrativa. La 4T garantiza una transferencia mensual a jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral, pero permite que los médicos del IMSS cobren un sueldo base que apenas supera ese apoyo, a pesar de los años de formación y la responsabilidad que exige su profesión.
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Esa diferencia retrata los intereses de quienes mal dirigen este país. Si el Estado dispone de recursos para financiar millones de apoyos, también debe responder por qué quienes atienden a los enfermos tienen que salir a las calles para exigir una remuneración digna. El problema está, más que en que un joven reciba dinero público, en que la política social se mida por el alcance de sus transferencias mientras las instituciones encargadas de prestar servicios esenciales continúan bajo presión. Una beca puede ayudar a una persona durante un año, pero un sistema de salud deficiente afecta a familias enteras y puede convertir una enfermedad tratable en una crisis económica.
Para un Gobierno que presume su compromiso con el bienestar, esa diferencia debería tener consecuencias directas en la asignación del presupuesto.
La expansión de los programas también plantea una pregunta fiscal. Si más de 42.8 millones de personas reciben beneficios, ¿de dónde provienen los ingresos para financiarlos? Antes de pedir mayores contribuciones a ciudadanos y empresas, las autoridades deben explicar qué programas producen los resultados esperados, cuáles requieren ajustes y cómo evitarán que la asistencia económica se convierta en un gasto que absorba recursos sin resolver las causas de la precariedad. El contribuyente tiene derecho a saber si su dinero financia una política social eficaz o una estructura de obligaciones que crece más rápido que la capacidad del país para sostenerla.
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Un Gobierno no demuestra su compromiso con los sectores vulnerables únicamente al depositar dinero en sus cuentas. También debe impedir que enfermarse, acudir a una institución pública o depender de un servicio básico se convierta en una carga adicional para las familias. Si las transferencias crecen mientras los profesionales que sostienen la salud pública deben protestar por sus ingresos, la administración tiene que justificar por qué el reparto de recursos avanza con mayor facilidad que la solución de las carencias que afectan a todo el país.
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