Expertos de Naciones Unidas pidieron al Gobierno de México reforzar la protección de las mujeres trans en la propuesta de Ley General contra el Feminicidio. Entre sus recomendaciones, solicitaron que las muertes violentas puedan investigarse como posibles feminicidios sin exigir que la identidad de género de la víctima se determine previamente.
Las observaciones fueron planteadas por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas y por Graeme Reid, experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género.
Los especialistas reconocieron los esfuerzos de México para homologar la legislación sobre feminicidio en todo el país, pero advirtieron que la iniciativa necesita precisar su alcance para evitar vacíos de protección.
Mujeres trans y criterios para investigar feminicidios
Los expertos respaldaron que la propuesta mencione expresamente a las mujeres transgénero. Sin embargo, recomendaron dejar claro que la protección legal comprende a todas las mujeres y niñas, incluidas aquellas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer.
También solicitaron que el protocolo nacional de investigación establezca que no es necesario determinar previamente la identidad de género de una víctima para iniciar una investigación por posible feminicidio.
El objetivo es evitar que las dudas sobre la identidad de una persona retrasen las diligencias o impidan que las autoridades consideren desde el inicio la hipótesis de violencia por razones de género.
En 2025, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó preocupación por la falta de una tipificación específica de los asesinatos transfóbicos a nivel nacional. Según la comunicación citada por los expertos, Ciudad de México y Nayarit contaban con disposiciones específicas sobre este tipo de violencia.
La iniciativa también aborda la violencia contra trabajadoras sexuales
Otra de las recomendaciones se refiere a las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Los especialistas respaldaron que la propuesta contemple agravantes cuando una víctima de feminicidio pertenezca a este grupo, debido a las condiciones de violencia y discriminación que puede enfrentar.
Además, pidieron que las investigaciones examinen posibles delitos de trata, explotación y coacción, así como la violencia ejercida por clientes o terceras personas.
La actividad de una víctima, subrayaron, no debe utilizarse para restar gravedad al crimen ni para justificar omisiones durante la investigación.
Responsabilidad de las autoridades y atención a víctimas indirectas
Los expertos también plantearon mecanismos para exigir responsabilidades a instituciones públicas cuando sus omisiones contribuyan a que no se prevenga la violencia feminicida.
Esto incluye revisar posibles fallas en la recepción de denuncias previas, la evaluación de riesgos y la aplicación de medidas de protección.
Asimismo, valoraron la propuesta de establecer protocolos uniformes de investigación y registros especializados. Entre ellos figura un registro nacional de niñas, niños y adolescentes que hayan quedado en situación de orfandad por feminicidio.
Estas medidas buscan mejorar la coordinación entre las autoridades y garantizar atención a quienes enfrentan las consecuencias de estos crímenes.
¿En qué etapa está la ley general contra el feminicidio?
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó en julio de 2026 una iniciativa para homologar la definición del feminicidio, las sanciones y los mecanismos de investigación en todo México. El proyecto contempla una tipificación común, fiscalías especializadas y medidas de reparación para las víctimas y sus familias. <Cite refs={[“turn395057search2″,”turn395057search3”]}/>
La reforma constitucional que permite al Congreso expedir una ley general en la materia fue declarada en abril, después de recibir el aval de 27 congresos estatales. La legislación busca que las muertes violentas de mujeres se investiguen desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio y con perspectiva de género. <Cite refs={[“turn395057search4”]}/>
Los expertos de la ONU solicitaron al Gobierno mexicano información actualizada sobre el trámite legislativo y pidieron que sus recomendaciones lleguen al Congreso para su consideración.
El reto será convertir la armonización legal en reglas claras para las fiscalías y en una protección efectiva para todas las víctimas, sin que su identidad, ocupación o contexto social se conviertan en barreras para acceder a la justicia.