El organismo autónomo exhorta a la Fiscalía General del Estado a investigar el crimen con prontitud y considerar como línea prioritaria su labor periodística; el hecho ocurrió en San Martín Texmelucan.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) condenó enérgicamente el homicidio del periodista Josué Martínez Contreras, ocurrido este 17 de julio de 2026 en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan. El organismo autónomo expresó su solidaridad con familiares, amistades, colegas y el gremio periodístico ante la irreparable pérdida.
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CDH Puebla exige investigación exhaustiva
A través de un comunicado oficial, la CDH Puebla hizo un respetuoso exhorto a la Fiscalía General del Estado de Puebla para que la investigación del homicidio se realice con prontitud, independencia, imparcialidad, debida diligencia y exhaustividad. El organismo autónomo enfatizó que se debe contemplar como línea prioritaria de investigación la posible relación del crimen con la labor periodística de Martínez Contreras.
La Comisión aclaró que este señalamiento no implica prejuzgar sobre las circunstancias del caso, sino garantizar que todas las hipótesis sean exploradas hasta que exista una determinación de la autoridad competente. Este enfoque responde a los protocolos internacionales que establecen que los crímenes contra comunicadores deben investigarse considerando su actividad profesional como un posible móvil.
Dato clave: El homicidio ocurrió en San Lucas Atoyatenco, comunidad del municipio de San Martín Texmelucan, ubicado en la región centro-poniente del estado de Puebla.
Libertad de expresión como derecho fundamental
En su posicionamiento, la CDH Puebla subrayó que la libertad de expresión constituye un derecho humano fundamental y un pilar indispensable de toda sociedad democrática. El organismo recordó que garantizar que periodistas y personas comunicadoras ejerzan su labor en un entorno seguro es una obligación del Estado mexicano.
Esta obligación está consagrada tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en diversos tratados internacionales en la materia, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos que México ha ratificado y que establecen el deber de proteger a quienes ejercen el periodismo.
Seguimiento puntual a las autoridades
La Comisión de Derechos Humanos anunció que dará seguimiento puntual a la actuación de las autoridades en el ámbito de su competencia y permanecerá atenta al desarrollo de las investigaciones. Este monitoreo tiene como objetivo privilegiar la protección de los derechos de las víctimas directas e indirectas del homicidio.
El acompañamiento institucional de la CDH Puebla busca garantizar que el proceso de investigación cumpla con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en lo referente a casos que involucran a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, grupos que cuentan con protección reforzada bajo el derecho internacional.
Contexto de violencia contra periodistas en México
El homicidio del periodista Josué Martínez Contreras se suma a la preocupante estadística de agresiones contra comunicadores en el país. México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, según organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los crímenes contra periodistas en el territorio nacional presentan un elevado índice de impunidad, lo que genera un efecto inhibidor sobre el ejercicio del periodismo y afecta directamente el derecho de la sociedad a estar informada. Este fenómeno ha sido documentado ampliamente por organismos defensores de la libertad de prensa tanto nacionales como internacionales.
Marco legal: La protección a periodistas está respaldada por la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, vigente desde 2012 a nivel federal.
Compromiso con la defensa del periodismo
En la parte final de su pronunciamiento, la CDH Puebla reiteró su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, la protección de quienes ejercen el periodismo y la construcción de un entorno seguro, digno y libre para su ejercicio. El organismo mantiene su disposición para coadyuvar con las autoridades competentes en la búsqueda de justicia.
La condena emitida por el organismo autónomo poblano se enmarca en su mandato constitucional de proteger y defender los derechos humanos en la entidad. La CDH Puebla ha mantenido una postura activa en la vigilancia del respeto a la libertad de expresión y ha emitido recomendaciones a diversas autoridades cuando se han documentado violaciones a este derecho fundamental.
San Martín Texmelucan: datos del municipio
San Martín Texmelucan es uno de los municipios más poblados del estado de Puebla, ubicado en la región centro-poniente de la entidad. La localidad de San Lucas Atoyatenco, donde ocurrió el homicidio, forma parte de las comunidades rurales que integran este municipio caracterizado por su actividad comercial y agrícola.
Preguntas frecuentes
¿Dónde ocurrió el homicidio del periodista Josué Martínez Contreras?
El homicidio ocurrió en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, el 17 de julio de 2026.
¿Qué exige la CDH Puebla a la Fiscalía?
La Comisión de Derechos Humanos exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla a investigar el caso con prontitud, independencia, imparcialidad, debida diligencia y exhaustividad, considerando como línea prioritaria la posible relación con su labor periodística.
¿Qué acciones tomará la CDH Puebla en este caso?
El organismo autónomo dará seguimiento puntual a la actuación de las autoridades, permanecerá atenta al desarrollo de las investigaciones y privilegiará la protección de los derechos de las víctimas directas e indirectas.
¿Por qué es importante que se investigue la línea periodística?
Los protocolos internacionales establecen que los crímenes contra comunicadores deben investigarse considerando su actividad profesional como posible móvil, ya que esto garantiza una investigación integral y reduce la impunidad en casos de agresiones contra la prensa.
