El director del Infonavit ordenó clasificar como confidencial su declaración patrimonial completa, dejando sin acceso público datos sobre ingresos, propiedades y cuentas bancarias que afectan la transparencia de un organismo que administra los créditos de más de 270 mil trabajadores poblanos afiliados al instituto.
Qué información oculta Romero Oropeza
Desde su llegada al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza ordenó clasificar como confidencial su declaración patrimonial completa. La decisión quedó formalizada mediante la resolución EXT/CT/13/07/2026.03 emitida por el Comité de Transparencia del organismo.
La información reservada incluye: vehículos, bienes inmuebles, forma de adquisición y valor de propiedades, cuentas bancarias, joyas, obras de arte y menaje de casa. También fueron clasificados como reservados los montos de pensiones, regalías, intereses, dividendos y otros ingresos, así como los datos patrimoniales de su cónyuge y dependientes económicos.
“El declarante no aceptó publicar la información de su declaración patrimonial”
Por esta clasificación, la declaración patrimonial de Romero Oropeza no está disponible públicamente en Declaranet, la plataforma oficial de la Secretaría de la Función Pública. Tampoco puede consultarse su salario mensual total y neto en la plataforma Nómina Transparente.
Impacto para trabajadores poblanos
La decisión de blindar la información patrimonial del director cobra relevancia para Puebla, donde el Infonavit administra los créditos hipotecarios de más de 270 mil trabajadores afiliados al instituto en el estado. El organismo es la principal fuente de financiamiento para vivienda de la clase trabajadora poblana, con una cartera activa que supera los 15 mil millones de pesos en créditos vigentes.
La opacidad en la rendición de cuentas del máximo funcionario del instituto genera preocupación entre organizaciones de trabajadores en la entidad, quienes exigen mayor transparencia en la gestión de los recursos que provienen de las aportaciones patronales del 5% sobre el salario de cada empleado formal.
El Infonavit administra créditos de más de 270 mil trabajadores poblanos, con una cartera que supera los 15 mil millones de pesos en el estado.
Antecedentes patrimoniales públicos
Antes de clasificar su información como confidencial, la última declaración pública de Romero Oropeza correspondiente a 2024 —cuando aún dirigía Petróleos Mexicanos (Pemex)— reportaba ingresos por 3.2 millones de pesos de salario y 846 mil 828 pesos por actividad empresarial.
En aquella declaración también constaban una casa, dos departamentos, dos terrenos, cuentas bancarias, un crédito hipotecario y una tarjeta de crédito. Según reportes previos, en 2026 Romero Oropeza acumula un patrimonio estimado en 35.9 millones de pesos, compuesto principalmente por bienes raíces y semovientes.
El funcionario tabasqueño, nacido en Jalapa, Tabasco, el 20 de enero de 1959, es ingeniero agrónomo de formación y militante del partido Morena. Antes de asumir la dirección del Infonavit, fue director general de Pemex durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Controversia sobre transparencia
La Ley General de Transparencia permite reservar información por razones de interés público o seguridad nacional. Sin embargo, especialistas en rendición de cuentas señalan que el blindaje de declaraciones patrimoniales de funcionarios de alto nivel representa una irregularidad que contradice los principios de gobierno abierto.
La decisión contrasta con el compromiso de transparencia que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el pasado 4 de agosto de 2026, donde estableció lineamientos para fortalecer la rendición de cuentas en la administración pública federal.
Organizaciones civiles han solicitado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) revisar la clasificación de la información patrimonial del director del Infonavit. La resolución sobre estos recursos de revisión está programada para las próximas semanas, lo que podría obligar al funcionario a hacer pública su declaración o, en su defecto, confirmar la reserva de información hasta por un periodo de cinco años.
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