Una jueza de California prohibió a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza detener e interrogar a personas basándose únicamente en estereotipos raciales. La orden busca frenar las prácticas de perfilamiento racial en operativos migratorios del sur del estado.
La resolución establece que considerar a una persona latina, de bajos ingresos o perteneciente a la clase trabajadora no constituye, por sí solo, una sospecha razonable para justificar una detención. La restricción contempla excepciones en puertos de entrada, puestos de control y otros puntos fronterizos equivalentes.
¿Por qué prohibieron las detenciones por perfil racial?
La orden responde a una demanda presentada el año pasado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Sur de California (ACLU) y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Los demandantes solicitaron poner fin a las detenciones basadas en estereotipos raciales durante las operaciones migratorias de la Administración del presidente Donald Trump.
Como parte del caso, se presentaron pruebas que, según los demandantes, mostraban que el Departamento de Seguridad Nacional, responsable de ICE y de la Patrulla Fronteriza, alentaba a sus agentes a aplicar estas prácticas.
Mohammad Tajsar, director de derechos de los inmigrantes de la Fundación ACLU del Sur de California, afirmó que la organización vigilará el cumplimiento de la resolución para garantizar que terminen las detenciones cuestionadas.
Gobierno de Estados Unidos niega discriminación racial
El Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado las acusaciones de discriminación racial en sus operativos. La dependencia sostiene que sus acciones se basan en la aplicación de las leyes y en investigaciones sustentadas en hechos.
Por su parte, Flor Melendrez, directora ejecutiva de CLEAN Carwash Worker Center y una de las demandantes, señaló que la decisión judicial exige al Gobierno justificar sus actuaciones más allá de las suposiciones sobre las personas.
Melendrez también advirtió que las organizaciones involucradas exigirán que la orden se cumpla en espacios públicos y lugares de trabajo.
La disputa judicial ocurre antes de las elecciones legislativas
La resolución se produce en medio del proceso de votación por correo y a pocos días de las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.
En esos comicios, el Partido Republicano y el presidente Donald Trump buscan conservar sus mayorías en ambas cámaras del Congreso.
El caso se suma a otras disputas judiciales relacionadas con la supervisión federal de las elecciones. Entre ellas figura una demanda del Gobierno de Trump para apartar más de 20.000 votos por correo en California con el objetivo de verificar la ciudadanía de los electores.
En ese proceso, un juez advirtió que la medida podría causar alteraciones en unos comicios que ya están en marcha.
Ambas controversias reflejan los enfrentamientos legales entre la Administración federal y distintos actores sobre las políticas migratorias y la supervisión de los procesos electorales.